Financiar la compra de una vivienda habitual con una hipoteca tiene ventajas fiscales. En general, cada particular puede restar en su declaración de la renta (IRPF) el 15% de lo que paga anualmente en concepto de intereses y de amortización de capital de su préstamo. Existe un único límite: ese 15% sólo se puede aplicar sobre los primeros 9.015,18 euros. A pesar de la existencia de este tope, a las arcas de Hacienda, esta deducción le supondrá en 2007 una reducción de sus ingresos por un importe cercano a los 3.800 millones de euros.
La posibilidad de que desaparezca la desgravación, tal y como ahora se plantea, ha vuelto a saltar a la palestra en los últimos días. No es un tema nuevo. Cuando en 2005 el Gobierno preparaba su reforma fiscal ya habló de esta posibilidad.
Finalmente el nuevo IRPF (que entró en vigor el pasado 1 de enero) mantuvo la deducción, aunque la limitó: desaparecieron los llamados coeficientes incrementados (del 20% o 25% sobre los primeros 4.507,59 euros siempre y cuando el importe de la hipoteca superará el 50% del valor de compra de la vivienda o de la diferencia entre el precio de compra de una nueva y el de venta de una antigua y no se devolviera más del 40% del mismo en los tres primeros años).
A cambio, se primó fiscalmente el alquiler, aprobándose una reducción del 50% de los ingresos declarados. Hace unos días, la secretaria de Economía y Empleo del PSOE, Inmaculada Rodríguez- Piñero, volvió a plantear la necesidad de eliminar este beneficio fiscal y sustituirlo por «ayudas directas» para favorecer el acceso a la vivienda, a la par que volver a poner en marcha la deducción por alquiler.
A su juicio, esta política que perseguiría la neutralidad entre compra y alquiler sería mucho más eficaz. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, secundó con matices esta proposición. Dió la bienvenida a las ayudas directas a la compra y al alquiler, pero no las vinculó con la obligatoria desaparición de las deducciones fiscales actuales a la compra.
Poco tiempo pasó para que llegaran las críticas. Muy especialmente desde el Partido Popular. Vicente Martínez- Pujalte, portavoz adjunto en el Parlamento, defendió el camino opuesto. «Deducciones para adquisición de vivienda para todo el mundo. Queremos aumentar los límites establecidos como tope en la deducción porque siguen creciendo los tipos de interés y hay mucha gente que tiene que dedicar un mes más de su sueldo a pagar la hipoteca».
Otros partidos como CIU y ERC tampoco ven con buenos ojos la propuesta socialista; PNV y Coalición Canaria, más que negativa la consideran inoportuna.
No es éste el único frente fiscal al que se enfrenta el Gobierno. Está pendiente de aprobación definitiva el Proyecto de Ley de Modernización del Mercado Hipotecario. Uno de sus puntos más conflictivos será precisamente el que afecta a los incentivos fiscales vía reducción del impuesto de actos jurídicos documentados, al aplicarlos sobre el importe real de la deuda y no sobre un concepto mucho más amplio como es la responsabilidad hipotecaria. Después de anunciarlos en el anteproyecto de ley, el Ejecutivo los retiró y prácticamente toda la oposición los reclama de vuelta.
