La comisión del CGAE que se encarga del nuevo estatuto de la profesión quiere levantar el veto que existe hasta ahora sobre los procuradores, los graduados sociales y los gestores administrativos, licenciados en Derecho, que no podían estar colegiados en ambas entidades. y mantener el de los auditores.
El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) quiere eliminar algunas de las incompatibilidades profesionales que se recogen en el vigente Estatuto de la profesión. En concreto, la comisión creada por el Consejo para elaborar un nuevo documento que rija a la abogacía “analizará la posibilidad de que los abogados colegiados puedan ejercer también como procuradores, graduados sociales o gestores administrativos”, afirma el presidente de esta comisión y decano del colegio de Valladolid, Enrique Sanz.
Esta liberalización tendrá también su influencia directa en la nueva Ley de Sociedades Profesionales que entra en vigor el próximo sábado.
El Ministerio de Justicia ha iniciado los contactos para la elaboración del reglamento que regule las incompatibilidades profesionales en las sociedades multidisciplinares. Para ello, Justicia ha pedido a los colegios profesionales que le envíen sus preferencias a este respecto a través de Unión Profesional (UP) –asociación que agrupa a 38 organizaciones colegiales–.
Según fuentes del sector, el ministerio quiere tramitar con rapidez este documento para ser aprobado en el último trimestre del año, con el fin de que las sociedades que se deben adaptar a nuevo marco jurídico lo hagan cuanto antes.
Desde UP aseguran que no habrá conflicto entre los colectivos para negociar este decreto, ya que “nos centraremos en los casos que supongan un perjuicio para los ciudadanos porque confluyan varias profesiones, en una misma sociedad en lugar de ver qué profesión va a quitar cuota de mercado a otra”, aseguran.
Paralelamente a este reglamento, la abogacía quiere tramitar a la vez su nuevo estatuto. Donde la abogacía no está dispuesta a ceder es la incompatibilidad entre abogados y auditores. “Esta característica se debe mantener porque son profesiones radicalmente distintas por naturaleza. El abogado se rige, entre otras cuestiones, por el deber de confidencialidad y el auditor todo lo contrario, ya que debe justificar las cuentas de una empresa con el componente de publicidad que eso conlleva”.
La incapacidad para ejercer al mismo tiempo como procurador y gestor administrativo ha estado siempre presente en los estatutos de la abogacía. En cuanto a la que recae sobre los graduados sociales fue incluida en el reglamento de 2001, aún vigente.
Algunos colectivos, como los gestores administrativos, ya han manifestado en varias ocasiones su interés porque la abogacía eliminase esa restricción. Desde el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos se asegura que “el 80% del colectivo está formado por abogados que están interesados en eliminar esa barrera porque en su día a día se dedican, además de a la práctica jurídica, al asesoramiento y a la gestión”, asegura el presidente del Consejo, José María Mateo.
El CGAE quiere tener aprobado el nuevo estatuto antes de que finalice el año. Las nuevas leyes que se han aprobado en el último año, como la mencionada de sociedades profesionales junto con la Ley de Acceso y el Real Decreto que regula la Relación Laboral Especial de los abogados que ejercen en bufetes ha forzado al colectivo a crear un nuevo documento en el que se recojan, por ejemplo, el régimen disciplinario de la LSP junto al nuevo marco de relaciones entre el CGAE y los consejos autonómicos de la abogacía.
Los miembros de la comisión del Consejo creada a tal efecto se verán apoyados por un comité de sabios que estará formado por catedráticos universitarios, abogados del Estado y Letrados del Consejo de Estado.
