Vacaciones pagadas, permiso de maternidad, derecho a paro… los autónomos gozarán en adelante de un nuevo catálogo de derechos incluidos en el estatuto que aprobó ayer el Congreso de los Diputados. Casi todas las novedades requerirán, eso sí, mayor cotización. El texto regula la figura del autónomo dependiente, aquel cuyos ingresos dependen en más del 75% de una sola empresa. Esos trabajadores suscribirán un contrato con la compañía de la que dependen, que les sufragará 18 días de vacaciones al año. Además, los autónomos podrán contratar a los hijos menores de 30 años.
Casi 40 años llevan los trabajadores autónomos con la misma regulación laboral. El Estatuto aprobado ayer constituye una vieja reivindicación del sector, que reclamaba un marco de derechos y deberes en el que desempeñar su labor. El Congreso dio ayer el visto bueno definitivo a la norma, que entrará en vigor a los tres meses de publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Todos los grupos parlamentarios se pusieron de acuerdo para sacar adelante el proyecto. Éstos son los aspectos más relevantes:
– Autónomos dependientes. Los autónomos cuyos ingresos dependan al menos en un 75% de una sola empresa pasarán a tener una regulación específica. En los últimos años se ha extendido esta figura, en la práctica un falso autónomo. La regulación mejora por una parte las condiciones de ese colectivo, cifrado en unas 300.000 personas, pero por otra legaliza una situación bastante controvertida, que en ocasiones sustituye al trabajador por cuenta ajena. Ese autónomo suscribirá un contrato con la empresa de la que depende y tendrá derecho a 18 días laborables de vacaciones, que correrán a cargo de la empresa. El texto regulará los descansos semanales, los festivos y la jornada laboral máxima.
Estos profesionales deberán contar, además, con el derecho a la cobertura por enfermedad y por accidentes de trabajo (estas prestaciones eran hasta ahora opcionales para los autónomos en general, pues exigían una mayor cotización).
– Contratar a los hijos. Ésta ha sido una de las reivindicaciones históricas del sector. Hasta ahora, los autónomos no podían contratar a sus hijos, que tenían que darse de alta también como autónomos. El objetivo era evitar el fraude. Ahora los hijos menores de 30 años podrán trabajar en la actividad familiar, aunque vivan en el domicilio paterno. Eso sí, no tendrán derecho a paro para frenar la compra de prestaciones por dar de alta a un hijo. Quedan fuera de este nuevo derecho los cónyuges, que tendrán que seguir dados de alta como autónomos.
– Maternidad y embarazo. Los autónomos podrán suspender su actividad en situaciones de maternidad, paternidad, lactancia y riesgo durante el embarazo si la duración es al menos de un año. Recibirán las prestaciones correspondientes, lo que requerirá una mayor cotización que aún no está regulada.
– Cobertura por enfermedad. La cobertura por incapacidad temporal (enfermedad), hasta ahora opcional, será obligatoria con el Estatuto. También habrá que hacer frente a la cotización por accidentes de trabajo en las profesiones que presenten mayor riesgo de siniestralidad. Trabajo tendrá que determinar cuáles son esas actividades.
– Paro. Los autónomos tendrán por primera vez derecho a la prestación por desempleo. El texto no establece los detalles, pero previsiblemente supondrá una mayor contribución al sistema.
– Más bonificaciones. La cotización a la Seguridad Social de los jóvenes hasta 30 años (35, en el caso de las mujeres) estará subvencionada en un 30%. Hasta ahora era el 25%.
– Consejo del Autónomo. Se crea este órgano consultivo, integrado por las asociaciones más representativas y las administraciones estatal y autonómicas.
(El País, 29-06-2007)
Trabajo estima que 670.000 extranjeros están sin contrato
Los distintos procesos de regularización de extranjeros no parecen haber acabado con la economía sumergida. El Ministerio de Trabajo calcula en un estudio que 670.000 inmigrantes podrían estar trabajado en economía sumergida, la cifra más alta de los últimos cinco años.
El Observatorio Permanente de la Inmigración, dependiente del Ministerio de Trabajo, hizo ayer público estos datos durante la presentación del informe sobre Inmigración y Mercado de Trabajo en 2007. Para el cálculo de esa cifra, ha restado el número de altas en la Seguridad Social al número de ocupados que surge de la Encuesta de Población Activa (EPA).
A pesar de reconocer que el dato debe ser tomado con reservas, ya que la EPA tan sólo hace estimaciones y que hay muchos inmigrantes que estando en situación legal no son dados de alta en la Seguridad Social, el estudio concluye que ‘la comparación entre ambas fuentes es indicativa de que sigue habiendo un buen número de trabajadores extranjeros sometidos a la economía sumergida’.
De hecho, el informe analiza la evolución de los dos indicadores desde el año 2002 y concluye que la diferencia entre la EPA y las afiliaciones a la Seguridad Social es la más alta de los últimos cinco años.
Sin embargo, el autor del informe, Miguel Pajares, indicó que 2007 puede ser el primer año en el que la inmigración legal esté por encima de la ilegal. Esta impresión la justifica con los últimos datos del padrón, que dicen que el número de extranjeros empadronados en 2006 creció en 338.000 personas, una cifra muy baja frente a los 413.000 de 2005 o los 700.000 de 2004.
El informe, que fue presentado por la Secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, dedica un capítulo completo al efecto de la inmigración sobre las oportunidades laborales y los salarios de los españoles. Preguntado por esta cuestión, Pajares apuntó que la conclusión es clara: no ha restado oportunidades, ‘sino que las ha aumentado al corregir ajustes y crear nuevos puestos de empleo’, y no ha producido una bajada en los salarios de forma individual, ‘ya que el grueso del crecimiento del empleo se ha producido en los sectores más bajos y eso ha tirado hacia abajo el salario medio’.
El único sector, según Pajares, que ha producido este descenso en los salarios individuales ha sido el servicio doméstico, ‘donde seis de cada diez trabajadores es extranjero y no hay posibilidades de mejora por categorías y salarios’.
El informe hace una fotografía actualizada de la integración de los inmigrantes en el mercado laboral de España. De los 18 millones de personas que están afiliadas a la Seguridad Social, un 9,9% (2 millones) son inmigrantes, con una fuerte presencia de trabajadores ecuatorianos (277.764), marroquíes (273.497) y rumanos (175.817). El crecimiento de estos tres colectivos no ha sido igual, ya que si el número de trabajadores ecuatorianos no creció en 2006, el de marroquíes y rumanos aumentó un 8% y un 10,1%, respectivamente.
Por sectores de ocupación, los inmigrantes copan una gran parte de los empleos de nueva creación en los sectores de la construcción, la hostelería, la agricultura y servicio doméstico.
Las actividades en las que trabajan más inmigrantes son la construcción (376.732), la hostelería (210.801), el empleo doméstico (183.174), el comercio (174.494) y la agricultura (157.912). Según Pajares, el caso más paradigmático es el del servicio doméstico, en el que seis de cada diez trabajadores son extranjeros. En la construcción y la hostelería, uno de cada cuatro empleos de nueva creación es ocupado por un trabajador inmigrantes.
