Las políticas de Trabajo y Asuntos Sociales se han convertido en las grandes beneficiarias en el reparto del pastel presupuestario para 2008. «El Ministerio de Trabajo es el que más crece en términos absolutos», recalcó su titular, Jesús Caldera, en la presentación de las cuentas de su departamento para el año próximo. Trabajo contará con 8.026 millones de euros, casi 1.000 más que este año. El ministro se atribuyó la mayor parte de las políticas sociales del Gobierno y exhibió un balance de legislatura que prepara el terreno para las próximas elecciones. «Esta legislatura ha sido la de mayor incremento del
gasto social en 20 años», subrayó Caldera…
Al igual que el día anterior en la presentación de los datos de empleo, el ministro fue desgranando su labor y contraponiéndola a la desarrollada por el anterior Gobierno del Partido Popular: «Hemos extendido derechos de los años ochenta que habían sido desatendidos por los Gobiernos de la derecha». En este
terreno, citó las pensiones y el salario mínimo interprofesional y apuntó al propio Mariano Rajoy, líder de los populares, como responsable de la pérdida de poder adquisitivo de esa renta.
Caldera hizo hincapié en las políticas de creación de empleo -«nunca se han creado tres millones de puestos de trabajo en una legislatura, como ahora»- y aventuró que la tasa de paro, ahora en el 7,95% de la población activa, seguirá bajando. Las políticas de empleo cuentan con una importante dotación presupuestaria para el año próximo. Se destinarán 3.200 millones de euros para fomentar la contratación indefinida, cantidad casi idéntica a la de 2007. Eso indica que Trabajo no espera un repunte como el registrado hasta ahora en la contratación indefinida.
Para 2008 se prevé bonificar algo más de un millón de contratos indefinidos. El colectivo más numeroso es el de mayores de 45 años, seguido muy de cerca por las mujeres. Las bonificaciones por sustitución de bajas maternales, los discapacitados y los mayores de 60 años completan el cuadro de colectivos
beneficiados.
Mayor es el incremento previsto para el servicio público de empleo estatal, encargado de abonar las prestaciones de paro. La dotación de este organismo crece un 7,6%, hasta 22.041 millones. «No porque preveamos un aumento del paro», se apresuró a aclarar el ministro, «sino porque han mejorado las
prestaciones». La reforma laboral preveía una mejora de lo que perciben los parados mayores de 45 años con familia a cargo. Además, el incremento del salario mínimo en estos años eleva el cálculo de las prestaciones, vinculadas a esa renta.
Una de las partidas más novedosas de este año, aunque poco cuantiosa, es la destinada a pagar la ayuda de 2.500 euros que percibirán las madres con hijos nacidos a partir de julio de este año. El grueso de esta partida (unos 1.000 millones) se contabiliza como una deducción del IRPF, pues así lo percibirán
las madres que realicen declaración de la renta. Para el resto se ha habilitado una partida de unos 200 millones de euros a cargo del Ministerio de Trabajo. Este capítulo se cargará al fondo de contingencia, una hucha que reserva todos los años el Gobierno para atender cualquier imprevisto que pueda surgir a lo largo del año. La ayuda natalicia no constituye un imprevisto, por lo que debería haber dispuesto de una partida propia, pero las dificultades para cuadrar las cuentas la han desplazado hacia ese fondo excepcional, que se creó en 2003 y reserva cada año el 2% del gasto presupuestario total. Trabajo alega que, según la ley general presupuestaria, no se pueden dotar partidas cuya ley no esté aún aprobada.
Caldera no quiso pronunciarse sobre la propuesta de salario mínimo que incluirá el programa electoral del PSOE -del que es coordinador- para las generales. En los próximos días, los sindicatos presentarán al ministro una iniciativa para elevar esta renta, que en 2008 alcanzará los 600 euros mensuales, al 60% del salario medio (ahora no llega al 40%). Todo indica que se aplazará la petición sindical de garantizar la revalorización automática de esta renta según la inflación real. El intento de aprobar esa cláusula hace
casi tres años provocó gran revuelo en el Gobierno, pues el ministro de Economía, Pedro Solbes, se opuso a la medida, mientras Trabajo la apoyaba. Entonces se postergó, como ocurrirá ahora.
